- No hay datos fiables sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en España
No hay datos oficiales fiables sobre la realidad de los menores inmigrantes que están solos en España, lo que impide conocer su número, cómo funciona el sistema legal de protección establecido y cómo se puede mejorar. Esta situación se puso de manifiesto en el Encuentro sobre Menores Extranjeros No Acompañados, organizado en febrero por la Cátedra Santander de Derecho y Menores, de Comillas, con más de 250 asistentes.
Inauguró el encuentro el Rector, José Ramón Busto, SJ, acompañado por Alfredo Albaizar, Director del Área de Universidades de España, del Grupo Santander, y la profesora Isabel Lázaro, directora de la cátedra, que patrocina la entidad financiera. Albaizar expresó el orgullo del Santander por acompañar en esta actividad investigadora a una institución universitaria rigurosa y por la trascendencia social y humana del tema.
En un apretado programa de intervenciones y coloquios, cerca de 15 ponentes, entre profesores de universidades y expertos, expusieron su visión de la realidad migratoria de los menores desde diversos enfoques jurídicos.
La presencia de adolescentes en el fenómeno migratorio africano hacia Europa comenzó hace más de diez años. Desde entonces, ha ido aumentando, "y ni las normas jurídicas ni el sistema de protección han sido capaces de ofrecer una respuesta eficaz", como señaló la profesora Lázaro, al presentar resultados del estudio iniciado en 2006 sobre "Los sistemas de protección y reforma ante los menores extranjeros", financiado por la propia universidad
Para realizar la investigación se difundió un cuestionario a las distintas administraciones implicadas, así como a organizaciones y expertos; pero sólo se recibieron 13 cuestionarios cumplimentados. "Ha habido otras respuestas -añadió Lázaro-, respuestas de viva voz, en las que se nos transmitía, en unos casos, la falta de medios humanos o materiales para recopilar la información solicitada; en otros, las dificultades de índole política para informar sobre un tema caliente o la dificultad de coordinación e información entre comunidades autónomas, celosas, muchas de ellas, de sus datos e intereses".
La llegada a territorio español no supone para los jóvenes africanos que viajan solos el final de su aventura migratoria. "Por el contrario, en muchos casos comienza un penoso calvario a causa de la tensión entre el control de fronteras que defiende el derecho de extranjería y la protección de la infancia y adolescencia a la que nos encontramos comprometidos", prosiguió la ponente. "Los menores han empezado a ser una estrategia en la vida de las familias de países pobres, que han decidido enviárnoslos. Esto es gravísimo, pero la respuesta no puede ser la que se está dando, porque España está comprometida con la defensa de los derechos de los menores", subraya la directora de la cátedra.
UNICEF hablaba de 5.200 menores marroquíes en centros de acogida españoles, en 2007. Según el Human Wrights Watch, en 2008 había de 3.000 a 5.000, la mayoría en Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña. Los datos los recopilan las autoridades regionales, sin uniformidad: los menores pueden ser registrados varias veces en diferentes comunidades por la falta de un registro centralizado.
La cifra de repatriaciones es baja. Según la Fiscalía de Extranjería, 111 en 2006, el mayor número de ellas en la Comunidad de Madrid (60), y 15 hasta julio de 2007. Pese a su escaso número, afirma Lázaro que "las denuncias sobre cómo se han llevado a cabo fuerzan a mirar con recelo y preocupación fundada la política que quiere practicarse respecto a los menores no acompañados".
Se ha denunciado, añade, desde distintas instancias que no se ha respetado el interés superior del menor, que debe imperar en las actuaciones administrativas, como establecen las leyes y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, suscrita por España, y como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de los tribunales.
Una cátedra con sólida base
El encuentro sobre menores extranjeros ha sido la primera actividad pública de la Cátedra Santander de Derecho y Menores, creada a principios de este curso. Entre sus objetivos, destaca el estudio y la reflexión sobre la situación de la infancia y la adolescencia en España y en el mundo, así como contribuir al despliegue de los principios reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Se pretende que sea punto de encuentro entre los agentes sociales que intervienen en los sistemas de protección y reforma de menores, y fomente el debate entre expertos y el intercambio de ideas. Otros fines son desarrollar propuestas viables, divulgar y sensibilizar a la sociedad en el respecto a los derechos de niños y adolecentes.
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